Entre principios de este año y finales del pasado fuimos testigos de cómo la Unión Europea se decidía a iniciar el camino hacia la regulación de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para permitir el avance e implementación de esta tecnología y crear un entorno de seguridad jurídica. Mucho ha ocurrido desde que Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, impulsase esta nueva regulación, entre otras cosas, los miembros del Parlamento Europeo han presentado sus enmiendas y opiniones sobre como deberían regularse las IAs y la publicación del borrador del texto legal.
En lo que respecta a la propuesta de regulación del AIA (Artificial Inteligence Act) su base es el respecto a las libertades y derechos fundamentales y el análisis y prevención de riegos. En líneas generales, se propone:
- Una definición amplia del concepto de IA que asegure la aplicabilidad futura de la legislación a pesar de los avances tecnológicos.
- La prohibición absoluta de determinadas prácticas como la utilización de dark patterns, la realización de scorings sociales y la vigilancia automatizada a distancia mediante el uso de datos biométricos (Como ya se recoge en la circular 05/2022 del EDPB).
- Inclusión de apartado específico sobre sistemas de IA de alto riesgo, que deberán aplicar garantías reforzadas para evitar un potencial gran daño a los usuarios.
- Altos estándares de transparencia y control post-venta que aseguren el cumplimiento de la normativa en toda la vida útil del producto o servicio.
- La creación o asignación de competencias de control a las autoridades nacionales para la investigación y sanción de las prácticas no ajustadas a la regulación.
- La graduación de las sanciones (Como ya se propuso en la Guía 04/2022 del EDPB)
De aprobarse la propuesta, los Estados Miembros deberán realizar un esfuerzo regulatorio para completar la legislación Europea sobre IAs en sus respectivos territorios, así como asegurar el cumplimiento de las normativa de Protección de Datos, respecto de las IAs. Otro de los impactos para los Estados Miembros será la limitación del uso de IAs para actividades de control, perfilado, investigación y enjuiciamiento.
A pesar de no tener aún una fecha estimada de consolidación y publicación del AIA, la Comisión junto con el Parlamento Europeo trabajan para sacarla lo antes posible y con miras a culminar un marco regulatorio total para el 2030.
